El texto, que ya fue secundado el pasado 1 de
abril en el Senado, fue aprobado en la Cámara de los Diputados por 280
votos favorables, 53 contrarios y 11 abstenciones.
Minutos después de la aprobación, el ministro de
Justicia italiano se apresuró a felicitar a su Gobierno en la red social
de Twitter: "Los corruptos traicionan el país. La nueva ley
#anticorrupción de hoy hace más fuerte a Italia. El Gobierno mantiene
sus esfuerzos", escribió.
Y añadió: "Con la nueva ley #anticorrupción la falsa contabilidad vuelve a ser un delito castigado con penas severas".
La nueva ley, que no presenta modificaciones
respecto al texto aprobado en el Senado, busca combatir la proliferación
de fondos negros o dobles contabilidades cuyos capitales puedan ser
empleados para otras prácticas delictivas, como los sobornos o el crimen
organizado.
En este sentido, establece un aumento de las
condenas por este tipo de delito que va en función de si la compañía
está dividida o no en acciones.
Para aquellas que no cotizan, las penas por el
delito de fraude contable van de uno a cinco años de prisión, mientras
que para las que sí están divididas en acciones la condena oscilaría
entre un mínimo de tres a un máximo de ocho años.
Además, para las pequeñas empresas los castigos podrían variar desde los 6 meses hasta los 3 años.
Por otro lado, también se endurecen las sanciones por corrupción en el ámbito de la Administración Pública.
De esta manera, si un miembro de la Administración
ha sido declarado culpable de un caso de corrupción y quiere pactar la
pena o aspira a la condicional tendrá primero que restituir íntegramente
la cantidad robada.
Aumentan también las penas por asociación mafiosa.
Para quienes formen parte de una organización
criminal integrada por tres o más personas se prevé una condena de
reclusión de entre 10 y 15 años (hoy es de 7 a 12).
Los castigos aumentan igualmente para quienes promuevan, organicen o dirijan la asociación: de 12 a 18 años (hoy de 9 a 14).
Finalmente, concede mayores poderes a la Autoridad Nacional Anticorrupción (Anac), que dirige el magistrado Raffaele Cantone.
Esta entidad deberá estar al corriente de todos
los procesos judiciales que los fiscales del país decidan comenzar por
delitos contra la administración, y además podrá intervenir en la
licitación de obras públicas.
El proyecto de ley fue redactado en marzo de 2013
por el actual presidente de la Cámara Alta, Piero Grasso, y desde
entonces ha permanecido bloqueado, durante 26 meses, en intensos y
acalorados debates parlamentarios. EFE